Actualización Legislativa
Ley Federal de Austeridad Republicana
Ciudad de México, a 20 noviembre 2019

 

El 19 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

I. Ley Federal de Austeridad Republicana (“Ley de Austeridad”)

La Ley de Austeridad tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez de conformidad con el artículo 134 de la Constitución. Sus disposiciones son aplicables a todas las dependencias, entidades, organismos y demás entes que integran la Administración Pública Federal. También es aplicable a los poderes legislativo y judicial, así como a los órganos constitucionales autónomos, cuando se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Gastos. Para aplicar la política de austeridad, los entes públicos deberán, entre otros, enfocar las medidas de austeridad preferente en el gasto corriente no prioritario, además de evitar reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales. Específicamente, se señala que los gastos por concepto de telefonía, fotocopiado, combustibles, arrendamientos, viáticos, etc., no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”) y de la Función Pública, emitirán los lineamientos para la adquisición de bienes y servicios de uso generalizado de los entes públicos de manera consolidada.

El gasto neto total asignado anualmente a la difusión de propaganda o publicidad oficial, se ajustará a lo estrictamente indispensable para dar cumplimiento a los fines informativos, educativos o de orientación social. Para ello, la SHCP emitirá ciertas disposiciones.

Estructuras. Respecto a las estructuras orgánicas y ocupacionales, se eliminarán todo tipo de duplicidades. Se prohíben las delegaciones de los entes públicos en el extranjero, salvo las correspondientes a las áreas de seguridad nacional e impartición de justicia. La representación del Estado en el extranjero, la ejecución de la política exterior, su dirección y administración, corresponderán a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Medidas específicas. La Ley de Austeridad incluye una lista enunciativa de ciertas medidas de austeridad, dentro de las cuales se encuentran: (i) la prohibición de comprar o arrendar vehículos de lujo que superen 4,343 veces las Unidades de Medida y Actualización y que su destino deberá ser estrictamente para uso oficial; (ii) que las adquisiciones y arrendamientos de equipo de cómputo se realizarán previa justificación; (iii) la prohibición de contratar seguros de ahorro; (iv) el uso de vehículos aéreos exclusivamente para actividades de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea, de protección civil y para la protección de enfermos; (v) la prohibición de realizar gastos de oficia innecesarios, además de prohibir el derroche en energía eléctrica, agua, servicios de telefonía, gasolinas e insumos financiados por el erario, entre otros. La SHCP emitirá los lineamientos necesarios para regular lo anterior.

Fideicomisos. Se prohíbe la constitución o celebración de fideicomisos o mandatos en las materias de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública (excepto cuando estén previstos en ley, decreto o tratado internacional). Para los demás casos, los entes públicos de la Administración Pública Federal sólo podrán constituir fideicomisos o mandatos cuando sean autorizados por la SHCP en términos de los previsto en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los recursos en numerario, así como los activos, derechos, títulos, certificados o cualquier otro documento análogo que los entes públicos aporten o incorporen al patrimonio de fondos o fideicomisos serán públicos y no gozarán de la protección del secreto o reserva fiduciarios para efectos de su fiscalización. Todos los fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos que reciban recursos públicos en la Administración Pública Federal Centralizada deberán: (i) ser constituidos por la SHCP como fideicomitente único, sólo para el caso de los constituidos por dependencias; (ii) ofrecer información regular cada trimestre para cumplir con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas; (iii) publicar trimestralmente sus estados financieros; (iv) reportar la información que requiera la SHCP; y (v) contar con las autorizaciones y opiniones que corresponda emitir a la SHCP. La SHCP contará con un sistema de información de fideicomisos, mandatos o contratos análogos que manejen recursos públicos y desarrollará, junto con la Auditoría Superior de la Federación, actividades de fiscalización.

Servidores públicos. Los servidores públicos, entre otras obligaciones, deberán brindar un trato expedito, digno, respetuoso y amable y cuidarán los bienes muebles e inmuebles que estén bajo su resguardo. No podrán recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, cualquier tipo de pago, regalo, dadiva, viaje o servicio que lo beneficie o a sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad. Cada uno de los entes públicos deberá emitir su correspondiente código de conducta, el cual cada servidor público deberá obligarse a cumplir. Se prohíbe la contratación de seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones. Además, se prohíbe usar las atribuciones, facultades o influencia para intervenir en la contratación o nombramiento de personas con quienes se tenga lazos de parentesco hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o vínculo de matrimonio o concubinato.

Es importante señalar que, para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas deberán separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades y que signifiquen un conflicto de intereses. Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior que por algún motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.

Se aplicarán acciones fiscalizadoras y políticas de transparencia en el sector privado cuando participe de recursos públicos, incluyendo el levantamiento del velo corporativo, a efecto de evitar como causal excluyente de responsabilidad del servidor público o sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad, el empleo de una personalidad jurídico colectiva.

Finalmente, los servidores públicos deberán abstenerse de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad.

Evaluación. De conformidad con la Ley de Austeridad, la política de austeridad republicana de Estado deberá partir de un diagnóstico de las medidas a aplicar, su compatibilidad con la planeación democrática y el respeto a los programas que se establezcan en la Ley de Planeación. Además, se deberán desarrollar indicadores de desempeño. Al final de cada año fiscal, los entes obligados deberán entregar un “Informe de Austeridad Republicana” a la Cámara de Diputados y al Comité de Evaluación. Este último, será un órgano colegiado interinstitucional encargado de evaluar las medidas de austeridad republicana.

El Comité de Evaluación deberá entregar informes de evaluación de forma anual a la Cámara de Diputados en las que señale las medidas tomadas por la Administración Pública Federal, el impacto presupuestal, la temporalidad de los efectos de ahorro y posibles mejoras.

Los ahorros obtenidos con motivo de la aplicación de la Ley de Austeridad, se destinarán conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.

Responsabilidad. El órgano encargado del control interno estará facultado para vigilar y fiscalizar la gestión de los entes públicos. En caso de que haya violaciones, se deberán iniciar los procedimientos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Eliminación de los beneficios para ex titulares del Ejecutivo Federal. Se cancelan las pensiones que se hubieren creado para los extitulares del Ejecutivo Federal. Asimismo, se prohíbe la asignación de servidores públicos, personal civil o de las fuerzas armadas cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado.

Lineamientos y entrada en vigor. La Ley de Austeridad entra en vigor el 20 de noviembre de 2019. Los entes públicos tienen un plazo de 180 días hábiles para ajustar sus marcos normativos, así como implementar las compras consolidadas. Los Lineamientos de la Ley de Austeridad se deberán emitir en los siguientes 180 días hábiles y los lineamientos para la operación y funcionamiento del Comité de Evaluación, dentro de los siguientes 90 días naturales.

Este documento es un resumen con fines de distribución interna exclusivamente.