El lunes 20 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana” (la “Ley”), la cual entró en vigor al día siguiente.
El objeto de la Ley es establecer las bases para la instrumentación de acciones y programas que las dependencias de la administración pública federal deberán implementar para fomentar la confianza ciudadana, otorgando beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñen las personas físicas y morales. Esta Ley no será aplicable tratándose de las materias fiscal, aduanera, del trabajo, de seguridad social, de comercio exterior y respecto a las operaciones con recursos de procedencia ilícita en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a las auditorías y visitas, instruidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que se refiere el artículo 63, en relación con el artículo 37, Apartado B, fracción VII de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.