El 12 de noviembre pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales para el ejercicio 2022.
Es un paquete económico robusto, que incluye en su mayoría modificaciones al Código Fiscal de la
Federación y a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Si bien es cierto también sufrieron cambios tanto la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley
Federal de Derechos, así como a la Ley de Ingresos de la Federación, éstos se dieron en menor número,
aunque no por ello son intrascendentes.
No obstante la gran cantidad de contenidos que comprende esta reforma, llama la atención la ausencia
de un debate serio e informado en el proceso parlamentario que le antecedió. Bastó que el Ejecutivo
Federal propusiera en sus términos las modificaciones que le parecían adecuadas para que la mayoría
de legisladores en el Congreso de la Unión las aprobaran prácticamente sin ningún cambio.
Esta ausencia en el intercambio de ideas para discutir, mejorar o incluso eliminar alguno de los contenidos
propuestos en las distintas leyes tributarias, impidió que el producto legislativo final fuera capaz de
atender puntos de vista plurales, equilibrados y consensuados, lo cual es especialmente importante
cuando se llevan a cabo modificaciones legales en materia fiscal.