El 22 de abril de 2021 entró en vigor el Acuerdo de Escazú. Ello significa que el Estado Mexicano y cada uno de los demás Estados Parte deben implementar las disposiciones de este Acuerdo a nivel nacional, mediante las reformas legislativas y ajustes administrativos e institucionales que en cada caso sean necesarios para poder cumplir con los fines pactados y a fin de respetar y garantizar de manera efectiva dentro de su territorio y jurisdicciones los derechos que el mismo título del Acuerdo establece.