El 5 de febrero de 2024, el Ejecutivo Federal presentó al Congreso 19 iniciativas con proyecto de reformas a la Constitución Federal que podrían impactar diversos aspectos del diseño institucional del Estado, su economía y los derechos de la ciudadanía. Las iniciativas no tienen una columna vertebral, sino que constituyen, aparentemente, esfuerzos de la actual administración por elevar a rango constitucional iniciativas que en su momento fueron declaradas inconstitucionales por los tribunales federales (topes salariales y austeridad republicana, preeminencia de las empresas del Estado sobre los particulares en la industria eléctrica, Guardia Nacional, entre otros) y proyectos asistenciales que ya operan (jóvenes construyendo el futuro, pensiones a adultos mayores). No obstante lo anterior, también se proponen cambios que obedecen a promesas que el Ejecutivo ha venido haciendo durante su administración y que quizás busca concretar en el ocaso de su mandato (reforma judicial, reforma electoral, desaparición de organismos autónomos y desconcentrados, entre otros). Finalmente, coexisten en este paquete de iniciativas otras propuestas de las que poco se había hablado, tales como derechos sociales y ambientales.