La propuesta legislativa de “Ley General de Infraestructura para el Bienestar” (la “LGIB” o la “Ley”), presentada en julio de 2025 en México, tiene como objetivo principal reemplazar el modelo actual de asociaciones público-privadas, estableciendo un nuevo marco para la inversión en infraestructura, priorizando el bienestar social, la justicia territorial y la sostenibilidad ambiental, con un enfoque particular en comunidades rurales y zonas marginadas.